MANIFIESTO DE LA DIGNIDAD

1.- No al proyecto político de ETA

El terrorismo de ETA tiene unas causas políticas –la imposición de unos objetivos políticos nacionalistas– y, por tanto, unas consecuencias políticas y sociales que se derivan de dicha motivación política. La derrota de ETA debe ser gestionada desde los principios que inspiran el Estado de Derecho. No cabe invocar la razón de Estado para eludir las grandes cuestiones que pueden regir el modelo del fin de ETA. El futuro político de la sociedad no puede escribirse sobre el proyecto político de ETA – ya que quiso alcanzarlo a costa de la vulneración sistemática de derechos humanos–, aunque sea sin ETA y sin su violencia. No condenar el terrorismo de ETA es compartir el proyecto político de ETA. Es ineludible la condena de la historia de terror de ETA por parte de todos los agentes democráticos para que no se legitime en el tiempo el asesinato masivo de seres humanos. Pero además, el Estado, el Gobierno y los partidos políticos pueden y deben evitar la impunidad política, histórica y moral derivada de la presencia en las instituciones democráticas de formaciones que no condenan los asesinatos de sus conciudadanos.

2.- No a la banalización

Para los terroristas resulta relevante que las víctimas resulten irrelevantes para la sociedad. Por ello hay que evitar que poderes públicos, agentes políticos, sociales y educativos interioricen la perspectiva de los criminales como si la relación entre víctimas y terroristas fuera simétrica, como si fueran iguales el asesino y la víctima. La banalización, la descontextualización y asumir progresivamente la perspectiva de las palabras del mundo de ETA puede llevar a la relativización de los grandes principios democráticos y a una situación de decadencia de los mismos. El terrorismo de ETA no puede enmarcarse en un conflicto armado entre dos bandos, sino en un ataque de una banda terrorista contra la población. Los presos de ETA no son prisioneros políticos, sino terroristas que han asesinado y perseguido por una motivación política totalitaria y etnicista. ETA atentó contra todos los ciudadanos, incluso contra niños de forma deliberada, sin que las víctimas organizaran una respuesta violenta. Una consolidada cultura de la paz y la confianza en el Estado de Derecho impidió el enfrentamiento y el conflicto.

3.- No a la impunidad

Los ciudadanos, víctimas del terrorismo o no, tenemos todo el derecho a exigir que se huya de cualquier tipo de impunidad judicial o histórica. Es imprescindible una Justicia independiente y alejada del control político para garantizar a las víctimas la reparación judicial. También es ineludible que el Estado de Derecho trate los crímenes de ETA no resueltos como una prioridad. Incluso si estos han prescrito, debe trabajar por su resolución para que el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad no sea vulnerado. Acusar de vengativas a las víctimas que reclamen Justicia es una forma indecente de humillarlas y de desacreditar lo que significa su sacrificio en la salvaguarda de la libertad de todos. Sin justicia real e igual para todos, el Estado de Derecho deja de ser tal. Con la impunidad, las víctimas no pueden desarrollar un papel de deslegitimación ética, ni el ejercicio público de memoria resulta coherente y la reparación de las secuelas del terrorismo no llegará.

 

4.- Por una política penitenciaria sin atajos

La política penitenciaria no debe convertirse en una política de gracia. Una política penitenciaria basada en la excarcelación anticipada de presos juzgados y sentenciados, enmascarándolo en una aplicación tramposa de la ley, supone una forma de impunidad. La reinserción social no es la única finalidad de la pena, sino una orientación armonizable con otras finalidades y con la exigencia de Justicia prevista en el art. 1 de la Constitución española. Ahora bien, firmar interesadamente, a cambio de una recompensa, una petición de perdón, reconocer el daño personal causado o asumir el pago de indemnizaciones pendientes que nunca se efectuará, es un fraude. Es precisa la colaboración con las autoridades en el esclarecimiento de cientos de crímenes sin resolver, tal y como indica la ley. El requisito de la colaboración es el único que beneficia a las víctimas y que prueba el arrepentimiento real de los criminales.

5.- Por un final de ETA basado en la dignidad

Los ciudadanos no han de perder la brújula moral ni política, ni sobre ETA, ni sobre el Estado de Derecho. Un final de ETA que se sostenga sobre la dignidad es la deuda contraída por el Estado de Derecho con millones de ciudadanos que exigen transparencia en los asuntos más relevantes desde el punto de vista de la calidad del sistema democrático. Cuando se ha aplicado el Estado de Derecho, sin trampas, es cuando se ha conseguido el mayor debilitamiento de organizaciones terroristas como ETA y sus altos responsables del brazo político, culpables de la mayor conculcación de derechos humanos habida en la historia más reciente España. Un final basado en la dignidad es aquél que se construye sobre la Verdad, la Memoria y la Justicia.

 

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