Ayer lunes se inició en la Audiencia Nacional el macrojuicio contra los integrantes de los diferentes grupos diseñados por la banda terrorista ETA. Pues sí, la democracia tiene este tipo de inconvenientes, esto es, que los terroristas se aprovechen de la legalidad establecida para acometer sus fines.
La vista contra el entorno de ETA juzgará a 56 miembros de la izquierda nacionalista radical vasca o «aberzale», procesados por su vinculación con ETA, así como por varios delitos fiscales y contra la Seguridad Social. Enrique Molina, Fiscal encargado del caso, solicita para todos ellos un total de 946 años de prisión.
Nos encontramos nada menos que ante los responsables de las organizaciones KAS y Ekin (considerados parte de la banda terrorista), de Xaki (el aparato internacional), y de la Fundación Joxemi Zumalabe, promotora de diferentes iniciativas encaminadas a la desobediencia civil (la utilización del documento de identidad vasco es sólo un ejemplo). Es el juicio más relevante contra el entramado etarra, no ya en cuanto al aspecto cuantitativo, por número de procesados, sino por abarcar todas y cada una de las plataformas del entorno aberzale.
A partir de este momento seremos testigos, por lo menos en los próximos cuatro o cinco meses, de las prácticas probatorias de algo que resulta más que evidente, de una realidad socio-política como es la incursión de la izquierda radical proetarra en una estructura perfectamente organizada por ETA. Recordemos cómo el Tribunal Supremo ya ilegalizara, a tenor de la Ley de Partidos Políticos, este entramado terrorista.
Como señala muy acertadamente un editorial del Diario ABC, este hecho coincide con el sesenta aniversario del inicio del juicio de Nuremberg contra la jerarquía nazi, legitimadora del terror hitleriano. En aquella ocasión, responsables de organizaciones, que afirmaron no tener nada que ver con las deportaciones y asesinatos, también fueron juzgados. Y es que, sin su colaboración, nada de aquello hubiera sido posible. Está claro que sin la existencia de estos cooperadores necesarios, ETA no hubiese sembrado tanto terror en España.
Todo así, este macrojuicio trastoca notablemente las despreciables intenciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero de negociar con los asesinos. Y es que, algunos socialistas vascos no se han molestado en ocultar su decepción. El único propósito de los socialistas es la de integrar socialmente a la izquierda aberzale, negociar con los terroristas a cualquier precio y sacar el máximo rédito político. El tiempo también juzgará esta bochornosa actitud del Presidente del Gobierno español.
Sancho Michell de Diego (El Iberoamericano)
La vista contra el entorno de ETA juzgará a 56 miembros de la izquierda nacionalista radical vasca o «aberzale», procesados por su vinculación con ETA, así como por varios delitos fiscales y contra la Seguridad Social. Enrique Molina, Fiscal encargado del caso, solicita para todos ellos un total de 946 años de prisión.
Nos encontramos nada menos que ante los responsables de las organizaciones KAS y Ekin (considerados parte de la banda terrorista), de Xaki (el aparato internacional), y de la Fundación Joxemi Zumalabe, promotora de diferentes iniciativas encaminadas a la desobediencia civil (la utilización del documento de identidad vasco es sólo un ejemplo). Es el juicio más relevante contra el entramado etarra, no ya en cuanto al aspecto cuantitativo, por número de procesados, sino por abarcar todas y cada una de las plataformas del entorno aberzale.
A partir de este momento seremos testigos, por lo menos en los próximos cuatro o cinco meses, de las prácticas probatorias de algo que resulta más que evidente, de una realidad socio-política como es la incursión de la izquierda radical proetarra en una estructura perfectamente organizada por ETA. Recordemos cómo el Tribunal Supremo ya ilegalizara, a tenor de la Ley de Partidos Políticos, este entramado terrorista.
Como señala muy acertadamente un editorial del Diario ABC, este hecho coincide con el sesenta aniversario del inicio del juicio de Nuremberg contra la jerarquía nazi, legitimadora del terror hitleriano. En aquella ocasión, responsables de organizaciones, que afirmaron no tener nada que ver con las deportaciones y asesinatos, también fueron juzgados. Y es que, sin su colaboración, nada de aquello hubiera sido posible. Está claro que sin la existencia de estos cooperadores necesarios, ETA no hubiese sembrado tanto terror en España.
Todo así, este macrojuicio trastoca notablemente las despreciables intenciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero de negociar con los asesinos. Y es que, algunos socialistas vascos no se han molestado en ocultar su decepción. El único propósito de los socialistas es la de integrar socialmente a la izquierda aberzale, negociar con los terroristas a cualquier precio y sacar el máximo rédito político. El tiempo también juzgará esta bochornosa actitud del Presidente del Gobierno español.
Sancho Michell de Diego (El Iberoamericano)
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