El presidente de la Asociación de la Abogacia marroquí pide al rey que haga público su patrimonio
Abderrahim Berrada ha provocado una de las mayores polémicas que se recuerdan en Marruecos al reclamar públicamente que el rey Mohamed VI haga pública una declaración de su patrimonio. El letrado, que dirige la Asociación de la Abogacía y milita en varias organizaciones de derechos humanos, ha sacudido a la clase política y al entorno del Palacio Real con sus declaraciones al semanario independiente en lengua árabe «As Sahifa» en las que sostiene que «el monarca, que monopoliza en Marruecos todos los poderes, debe declarar su patrimonio; es un deber moral, aunque la ley no le obliga a hacerlo».
En Marruecos, el Rey asume todos los poderes que le otorga la Constitución: es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y jefe operativo de su Estado Mayor, magistrado supremo, legislador incontestable por «dahir» (decreto real), preside el Consejo de Ministros y designa al primer ministro con independencia de los resultados electorales. En una palabra, monopoliza todos los poderes institucionales.
Sin embargo, sus prerrogativas van más lejos: acapara también el poder económico. El holding real ONA, donde el Rey posee el 37% de acciones y el poder de decisión, es el primer grupo económico del país. La Familia Real, directa o indirectamente, controla el 60% de la Bolsa de Casablanca. Sus participaciones en numerosas empresas se hacen por medio de dos holdings, «Siger» y «Ergis» (anagramas de REGIS, rey en latín), que preside un joven amigo personal del monarca, Mohamed El Mayidi de 36 años. Hassan II antes y Mohamed VI ahora han sabido involucrar en sus negocios a socios internacionales que no tienen más remedio que depositar sus capitales en las arcas reales si quieren penetrar en el mercado marroquí. Como los franceses, Paribas y Banco Nacional de París, o los españoles BSCH, BBVA, Caja Madrid y Caixa, entre otros. También las multinacionales Telefónica, Endesa, Red Eléctrica, Tabacalera o Repsol se ven obligadas a pasar este filtro.
Esta confusión interesada entre el poder económico y el político se muestra claramente en los nombramientos discrecionales que hace el Rey. Los mismos personajes enfeudados a Palacio controlan alternativamente el patrimonio personal del Rey, el ONA, el Ministerio de Finanzas, la Banca Al Magrib (el banco emisor) y la Oficina Jerifiana de Fosfatos. Sirva como ejemplo Dris Yetú, que antes de ser designado como primer ministro, llevaba los negocios privados de la Familia Real. Para el jurista Berrada, «el Rey debe abandonar toda actividad económica», porque «es un principio moral» y «no es aceptable ejercer la profesión de monarca y de primer empresario del país». De facto es el primer terrateniente, controla la producción minera, la pesca, los grandes supermercados, el azúcar, los productos lácteos, las mejores inmobiliarias y los seguros.
La fortuna. El Rey y su corte (consejeros, criados, restauradores, cocineros) se nutren, sin embargo, del erario público. El Presupuesto del Palacio, que se aprueba todos los años por consenso y sin discusión por un Parlamento sumiso, y que no es controlado por el Tribunal de Cuentas, se cifra para 2006 en 2.600 millones de dirhams (unos 250 millones de euros), más que el presupuesto del Ministerio de Justicia, y de lejos superior a los de Educación, Salud y Vivienda juntos. El Rey, además, tiene un salario: 36.000 euros mensuales, a los que hay que añadir los 170.000 euros extras a repartir entre el soberano, su hermano y sus tres hermanas.
La exigencia del prestigioso letrado comporta un efecto sorpresa. La fortuna personal del monarca viene siendo objeto de especulación desde hace años. En los 90, Abdelmumen Diuri, un opositor al régimen, estableció un inventario de bienes en el extranjero con cuentas corrientes depositadas en una veintena de bancos franceses, suizos y norteamericanos, valoradas en 1.500 millones de dólares. Diuri mencionaba además inmuebles y apartamentos de lujo en París y en Nueva York, y varios castillos, entre ellos el de Seine-et-Marne en Francia con 200 habitaciones y 400 hectáreas de parque, además de los de Betz y de La Celle Saint-Cloud; también una granja adquirida por Hassan II en Texas y destinada a un providencial retiro del que nunca disfrutó, y que al parecer Mohamed VI vendió hace un año por algo más de 20 millones de dólares.
Estimaciones. Abdeslam Yassin, líder del movimiento islamista radical Justicia y Espiritualidad, evaluaba la fortuna real «entre 40.000 y 50.000 millones de dólares», superior al PIB de Marruecos, estimado en 33.000 millones de dólares. La revista «Economie et Entreprises» de Casablanca la sitúa sin embargo en 550 millones de dólares. La revista «Forbes» hizo pública su evaluación: entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, lejos del perfil austero del que quería dotarse Mohamed VI como «rey de los pobres», que tras llegar al trono, exigió un inventario de todo el patrimonio. Sus súbditos nunca conocieron el resultado. En un país con el 40% de la población en la pobreza absoluta la publicación de la fortuna del Rey sería, como mínimo, un escándalo de proporciones incalculables.
LA RAZÓN
Abderrahim Berrada ha provocado una de las mayores polémicas que se recuerdan en Marruecos al reclamar públicamente que el rey Mohamed VI haga pública una declaración de su patrimonio. El letrado, que dirige la Asociación de la Abogacía y milita en varias organizaciones de derechos humanos, ha sacudido a la clase política y al entorno del Palacio Real con sus declaraciones al semanario independiente en lengua árabe «As Sahifa» en las que sostiene que «el monarca, que monopoliza en Marruecos todos los poderes, debe declarar su patrimonio; es un deber moral, aunque la ley no le obliga a hacerlo».
En Marruecos, el Rey asume todos los poderes que le otorga la Constitución: es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y jefe operativo de su Estado Mayor, magistrado supremo, legislador incontestable por «dahir» (decreto real), preside el Consejo de Ministros y designa al primer ministro con independencia de los resultados electorales. En una palabra, monopoliza todos los poderes institucionales.
Sin embargo, sus prerrogativas van más lejos: acapara también el poder económico. El holding real ONA, donde el Rey posee el 37% de acciones y el poder de decisión, es el primer grupo económico del país. La Familia Real, directa o indirectamente, controla el 60% de la Bolsa de Casablanca. Sus participaciones en numerosas empresas se hacen por medio de dos holdings, «Siger» y «Ergis» (anagramas de REGIS, rey en latín), que preside un joven amigo personal del monarca, Mohamed El Mayidi de 36 años. Hassan II antes y Mohamed VI ahora han sabido involucrar en sus negocios a socios internacionales que no tienen más remedio que depositar sus capitales en las arcas reales si quieren penetrar en el mercado marroquí. Como los franceses, Paribas y Banco Nacional de París, o los españoles BSCH, BBVA, Caja Madrid y Caixa, entre otros. También las multinacionales Telefónica, Endesa, Red Eléctrica, Tabacalera o Repsol se ven obligadas a pasar este filtro.
Esta confusión interesada entre el poder económico y el político se muestra claramente en los nombramientos discrecionales que hace el Rey. Los mismos personajes enfeudados a Palacio controlan alternativamente el patrimonio personal del Rey, el ONA, el Ministerio de Finanzas, la Banca Al Magrib (el banco emisor) y la Oficina Jerifiana de Fosfatos. Sirva como ejemplo Dris Yetú, que antes de ser designado como primer ministro, llevaba los negocios privados de la Familia Real. Para el jurista Berrada, «el Rey debe abandonar toda actividad económica», porque «es un principio moral» y «no es aceptable ejercer la profesión de monarca y de primer empresario del país». De facto es el primer terrateniente, controla la producción minera, la pesca, los grandes supermercados, el azúcar, los productos lácteos, las mejores inmobiliarias y los seguros.
La fortuna. El Rey y su corte (consejeros, criados, restauradores, cocineros) se nutren, sin embargo, del erario público. El Presupuesto del Palacio, que se aprueba todos los años por consenso y sin discusión por un Parlamento sumiso, y que no es controlado por el Tribunal de Cuentas, se cifra para 2006 en 2.600 millones de dirhams (unos 250 millones de euros), más que el presupuesto del Ministerio de Justicia, y de lejos superior a los de Educación, Salud y Vivienda juntos. El Rey, además, tiene un salario: 36.000 euros mensuales, a los que hay que añadir los 170.000 euros extras a repartir entre el soberano, su hermano y sus tres hermanas.
La exigencia del prestigioso letrado comporta un efecto sorpresa. La fortuna personal del monarca viene siendo objeto de especulación desde hace años. En los 90, Abdelmumen Diuri, un opositor al régimen, estableció un inventario de bienes en el extranjero con cuentas corrientes depositadas en una veintena de bancos franceses, suizos y norteamericanos, valoradas en 1.500 millones de dólares. Diuri mencionaba además inmuebles y apartamentos de lujo en París y en Nueva York, y varios castillos, entre ellos el de Seine-et-Marne en Francia con 200 habitaciones y 400 hectáreas de parque, además de los de Betz y de La Celle Saint-Cloud; también una granja adquirida por Hassan II en Texas y destinada a un providencial retiro del que nunca disfrutó, y que al parecer Mohamed VI vendió hace un año por algo más de 20 millones de dólares.
Estimaciones. Abdeslam Yassin, líder del movimiento islamista radical Justicia y Espiritualidad, evaluaba la fortuna real «entre 40.000 y 50.000 millones de dólares», superior al PIB de Marruecos, estimado en 33.000 millones de dólares. La revista «Economie et Entreprises» de Casablanca la sitúa sin embargo en 550 millones de dólares. La revista «Forbes» hizo pública su evaluación: entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, lejos del perfil austero del que quería dotarse Mohamed VI como «rey de los pobres», que tras llegar al trono, exigió un inventario de todo el patrimonio. Sus súbditos nunca conocieron el resultado. En un país con el 40% de la población en la pobreza absoluta la publicación de la fortuna del Rey sería, como mínimo, un escándalo de proporciones incalculables.
LA RAZÓN
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