La información que hoy desvela El Mundo supone un salto cualitativo en el agravamiento de la situación: un informe de la Guardia Civil afirma que desde un móvil corporativo del PSOE, situado en la sede socialista de la C/ Ferraz, se efectuó una llamada a alguien situado en el mismo edificio donde se encontraba el presunto intermediario de la red de extorsión de ETA, minutos antes de producirse el "chivatazo" que casi da al traste con la operación desarrollada por el juez Grande-Marlaska.
No es el único informe que existe. De hecho, otro informe más detallado que obra desde agosto en poder del juez Garzón, elaborado por la Policía y aún no dado a conocer, identifica otros teléfonos y varias personas relacionadas con el chivatazo. De hecho, existe una denuncia, efectuada por el sindicato Manos Limpias, donde se afirma que quien coordinó desde Ferraz el chivatazo es el ex-comisario Mariscal, jefe de seguridad del PSOE. Esa denuncia fue presentada hace ya muchas fechas y nadie se ha querellado todavía, desde el Gobierno ni desde el PSOE, contra los autores de la misma.
Si la noticia no es desmentida por el Gobierno y por el Partido Socialista de forma inmediata, quedará claro que hemos pasado a una fase diferente. Porque no estamos hablando ya de que Zapatero esté imponiendo una práctica más o menos criticable de tratamiento del fenómeno terrorista. No estamos hablando ya, tampoco, de que Zapatero esté actuando de una manera políticamente inaceptable al rendir al Estado ante una banda terrorista. No estamos hablando, ni siquiera, de que Zapatero esté llevando a cabo una política moralmente reprochable, al humillar a las víctimas y permitir que los asesinos se crezcan, triunfantes.
No. De lo que estamos hablando (repito, en caso de que el Gobierno y el PSOE no desmientan inmediatamente la noticia) es de que Zapatero habría traspasado la frontera de lo legalmente establecido y de que desde instancias gubernamentales y del PSOE se habrían producido actos que constituyen directamente un delito de colaboración con banda armada. Porque tratar de entorpecer la acción de la Justicia para desmantelar la red de extorsión de ETA significa, desde todos los puntos de vista (práctico, político, moral y legal) colaborar a que la banda terrorista consiga un dinero que podría servir para financiar en el futuro el asesinato de más españoles.
Si es verdad que desde la sede socialista se dio el chivatazo a ETA, el PSOE y el Gobierno habrían traspasado la frontera del delito. Lo cual tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es que quienes sean responsables de ese delito tendrán que pagar ante la Justicia por lo que han hecho, antes o después. El Gobierno de Zapatero y el PSOE, en caso de confirmarse la noticia, habrían quemado las naves, porque en lo sucesivo la política en España ya no giraría alrededor de unas luchas electorales o de una pelea por el poder, sino que vendría marcada por las acciones de un Gobierno que estaría obligado a hacer todo lo posible no para conservar el poder, sino para no enfrentarse a un sombrío horizonte judicial.
La segunda consecuencia es aún más pavorosa: ETA tiene, definitivamente, al Gobierno de Zapatero en sus manos. Porque lo único que podría librar a quienes han cometido ese delito de responder por sus actos sería que el proceso de rendición ante los asesinos culminara en un acuerdo que permitiera blanquear las conductas delictivas de unos y otros interlocutores. A partir de ahora, tanto el Gobierno como los asesinos tendrían la misma necesidad de una "amnistía".
El drama está servido.
P.D.: El domingo, los andaluces y todos los españoles tendrán una nueva oportunidad de manifestar en la calle su opinión sobre la política de cesión ante los terroristas. Más información en www.avt.org.
Si la noticia no es desmentida por el Gobierno y por el Partido Socialista de forma inmediata, quedará claro que hemos pasado a una fase diferente. Porque no estamos hablando ya de que Zapatero esté imponiendo una práctica más o menos criticable de tratamiento del fenómeno terrorista. No estamos hablando ya, tampoco, de que Zapatero esté actuando de una manera políticamente inaceptable al rendir al Estado ante una banda terrorista. No estamos hablando, ni siquiera, de que Zapatero esté llevando a cabo una política moralmente reprochable, al humillar a las víctimas y permitir que los asesinos se crezcan, triunfantes.
No. De lo que estamos hablando (repito, en caso de que el Gobierno y el PSOE no desmientan inmediatamente la noticia) es de que Zapatero habría traspasado la frontera de lo legalmente establecido y de que desde instancias gubernamentales y del PSOE se habrían producido actos que constituyen directamente un delito de colaboración con banda armada. Porque tratar de entorpecer la acción de la Justicia para desmantelar la red de extorsión de ETA significa, desde todos los puntos de vista (práctico, político, moral y legal) colaborar a que la banda terrorista consiga un dinero que podría servir para financiar en el futuro el asesinato de más españoles.
Si es verdad que desde la sede socialista se dio el chivatazo a ETA, el PSOE y el Gobierno habrían traspasado la frontera del delito. Lo cual tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es que quienes sean responsables de ese delito tendrán que pagar ante la Justicia por lo que han hecho, antes o después. El Gobierno de Zapatero y el PSOE, en caso de confirmarse la noticia, habrían quemado las naves, porque en lo sucesivo la política en España ya no giraría alrededor de unas luchas electorales o de una pelea por el poder, sino que vendría marcada por las acciones de un Gobierno que estaría obligado a hacer todo lo posible no para conservar el poder, sino para no enfrentarse a un sombrío horizonte judicial.
La segunda consecuencia es aún más pavorosa: ETA tiene, definitivamente, al Gobierno de Zapatero en sus manos. Porque lo único que podría librar a quienes han cometido ese delito de responder por sus actos sería que el proceso de rendición ante los asesinos culminara en un acuerdo que permitiera blanquear las conductas delictivas de unos y otros interlocutores. A partir de ahora, tanto el Gobierno como los asesinos tendrían la misma necesidad de una "amnistía".
El drama está servido.
P.D.: El domingo, los andaluces y todos los españoles tendrán una nueva oportunidad de manifestar en la calle su opinión sobre la política de cesión ante los terroristas. Más información en www.avt.org.
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