Dice María Teresa Fernández de la Vega que el Gobierno es el primer interesado en investigar la trama de los atentados del 11-M, y a mí, perdónenme, me entró un ataque de risa al escucharlo. El mismo que le entró a la empleada de hogar rumana sin papeles de un vecino mío cuando la misma De la Vega vino a decir que el Gobierno perseguiría hasta los confines de la Tierra, si fuera menester, a los inmigrantes ilegales con el fin de expulsarlos de nuevo a su país de origen, y luego después vino Rodríguez a abundar en el mensaje atemorizante. Saben que no es verdad, que los que han venido se quedan, porque este es un Gobierno incapaz de hacer frente a sus responsabilidades y absolutamente inoperante y carente de toda idea buena y efectiva para resolver la grave crisis de la inmigración. Entre otras cosas porque le conviene.
Los progres de siempre, la izquierda que enarbola la bandera de la ética cuando le interesa, se echa las manos a la cabeza por que un medio de comunicación haya publicado una entrevista con el minero asturiano Emilio Suárez Trashorras, principal imputado en el auto del juez Del Olmo por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en vista de que la investigación ha sido incapaz de hallar a los verdaderos culpables y a los autores intelectuales de la masacre. Quienes hacen ese juicio moral, empezando por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, son los mismos que hace unos meses acudían ansiosos a las librerías a comprar el último libro de José Amedo y no tenían inconveniente en alabar las virtudes de quien fue condenado por graves delitos de terrorismo de Estado. Ya saben, la vara de medir.
Amedo fue condenado. Trashorras está pendiente de juicio. Y no seré yo quien defienda a un tipo que merece todo mi desprecio por su papel en una trama que acabó con la vida de casi 200 personas, pero por encima de cualquier otra consideración, lo que sí que defiendo es el derecho de la opinión pública, de la ciudadanía, a estar informada, a conocer la verdad. Era Orwell, creo, quien afirmaba que en estos tiempos de mentira universal, la verdad es un acto revolucionario. Y el Gobierno de Rodríguez no está dispuesto, ni mucho menos, a llevarnos por el camino de la verdad, sino que desde el primer momento ha trabajado, haciendo un uso fraudulento de los Servicios de Información del Estado, a la contra, como bien han puesto de manifiesto las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por algunos medios de comunicación, en medio de la apatía, la indolencia y el abandono general.
No sería sincero si no les reconociera que, en algún momento, he llegado a dudar de que lo que llamamos enigmas sobre el 11-M fueran algo más que meras coincidencias, pero también les he recomendado alguna vez que se liberen de los tópicos habituales, que dejen a un lado la natural desconfianza hacia lo que parece desconocido y, sinceramente, aterrador, y dejen volar, no la imaginación, sino esa parte de nuestro cerebro dispuesta a dudar, y acudan a las fuentes, sigan el relato de los hechos, pregúntense porqué la Cadena SER, por ejemplo, se emperró hasta la extenuación en que había un terrorista suicida en uno de los trenes –y es que, a lo mejor, debía de haber estado allí ese terrorista suicida del que, incluso, tenía información Rodríguez Zapatero, según parece-. Todo, en lo que respecta a esos atentados, parece fluir sobre las aguas turbulentas y sucias de las cloacas del Estado.
¿No se han cuestionado, una y mil veces, cómo es posible que la mayoría de los encausados sean confidentes policiales, empezando por el propio Trashorras? Bien, es cierto que en la inmensa mayoría de las ocasiones, estos confidentes suelen ser gente de la peor calaña, capaces de cualquier cosa. Pero, ¿por qué un personaje como Trashorras, dedicado a trapicheos con droga, aparece implicado en una operación de estas características? ¿Quién es Lavandera? ¿Qué pinta en todo esto el tal Manolón? ¿Qué sabían los servicios de información del Estado? O mejor, ¿qué sabían esos integrantes de los servicios de Información que todavía conservaban –y conservan- una estrecha relación con el antiguo equipo de Interior bajo Gobierno de Felipe González?
Y ya puestos a hacer preguntas sobre el ex presidente, ¿tiene algo que ver el empresario iraní que le ha llevado a Teherán a alabar la gestión de Ahmadineyad con una mujer de origen francoárabe y pasaporte español, contratada por los Servicios de Información españoles, y cuyo nombre aparece en algunos informes sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid? ¿Por qué González ha realizado ese viaje a la peor de las dictaduras islamistas, al país donde se mata de un tiro en la nuca a los homosexuales y se escriben fatwas de condena de muerte contra los disidentes, para estrechar lazos con ese régimen violador de los derechos humanos, en nombre del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?
Ustedes podrán creer, y lo acepto, que todo es casual. Yo no. El Gobierno de Rodríguez participa, desde que llegara al poder tras los atentados del 11-M, de una alianza internacional de regímenes antisistema contra la democracia y la libertad. Por eso a Rodríguez no le importa lo más mínimo pactar con ETA. Por eso le desea una pronta recuperación a Castro. Por eso le vende armas a Chávez, él mismo Chávez que une sus fuerzas a las del régimen iraní contra la mayor democracia del mundo: Estados Unidos. Y por eso permite que nuestro país se convierta en un paraíso para la inmigración subsahariana. Los radicales del mundo se unen contra los demócratas, y Rodríguez, dentro del margen de actuación que le permite la pertenencia de España al mundo occidental y sus instituciones, participa entusiasta de esos objetivos. Por suerte, ya tiene quien le escriba para recordarle –y recordarnos- como y por qué está donde está.
Federico Quevedo (El Confidencial)
Los progres de siempre, la izquierda que enarbola la bandera de la ética cuando le interesa, se echa las manos a la cabeza por que un medio de comunicación haya publicado una entrevista con el minero asturiano Emilio Suárez Trashorras, principal imputado en el auto del juez Del Olmo por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en vista de que la investigación ha sido incapaz de hallar a los verdaderos culpables y a los autores intelectuales de la masacre. Quienes hacen ese juicio moral, empezando por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, son los mismos que hace unos meses acudían ansiosos a las librerías a comprar el último libro de José Amedo y no tenían inconveniente en alabar las virtudes de quien fue condenado por graves delitos de terrorismo de Estado. Ya saben, la vara de medir.
Amedo fue condenado. Trashorras está pendiente de juicio. Y no seré yo quien defienda a un tipo que merece todo mi desprecio por su papel en una trama que acabó con la vida de casi 200 personas, pero por encima de cualquier otra consideración, lo que sí que defiendo es el derecho de la opinión pública, de la ciudadanía, a estar informada, a conocer la verdad. Era Orwell, creo, quien afirmaba que en estos tiempos de mentira universal, la verdad es un acto revolucionario. Y el Gobierno de Rodríguez no está dispuesto, ni mucho menos, a llevarnos por el camino de la verdad, sino que desde el primer momento ha trabajado, haciendo un uso fraudulento de los Servicios de Información del Estado, a la contra, como bien han puesto de manifiesto las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por algunos medios de comunicación, en medio de la apatía, la indolencia y el abandono general.
No sería sincero si no les reconociera que, en algún momento, he llegado a dudar de que lo que llamamos enigmas sobre el 11-M fueran algo más que meras coincidencias, pero también les he recomendado alguna vez que se liberen de los tópicos habituales, que dejen a un lado la natural desconfianza hacia lo que parece desconocido y, sinceramente, aterrador, y dejen volar, no la imaginación, sino esa parte de nuestro cerebro dispuesta a dudar, y acudan a las fuentes, sigan el relato de los hechos, pregúntense porqué la Cadena SER, por ejemplo, se emperró hasta la extenuación en que había un terrorista suicida en uno de los trenes –y es que, a lo mejor, debía de haber estado allí ese terrorista suicida del que, incluso, tenía información Rodríguez Zapatero, según parece-. Todo, en lo que respecta a esos atentados, parece fluir sobre las aguas turbulentas y sucias de las cloacas del Estado.
¿No se han cuestionado, una y mil veces, cómo es posible que la mayoría de los encausados sean confidentes policiales, empezando por el propio Trashorras? Bien, es cierto que en la inmensa mayoría de las ocasiones, estos confidentes suelen ser gente de la peor calaña, capaces de cualquier cosa. Pero, ¿por qué un personaje como Trashorras, dedicado a trapicheos con droga, aparece implicado en una operación de estas características? ¿Quién es Lavandera? ¿Qué pinta en todo esto el tal Manolón? ¿Qué sabían los servicios de información del Estado? O mejor, ¿qué sabían esos integrantes de los servicios de Información que todavía conservaban –y conservan- una estrecha relación con el antiguo equipo de Interior bajo Gobierno de Felipe González?
Y ya puestos a hacer preguntas sobre el ex presidente, ¿tiene algo que ver el empresario iraní que le ha llevado a Teherán a alabar la gestión de Ahmadineyad con una mujer de origen francoárabe y pasaporte español, contratada por los Servicios de Información españoles, y cuyo nombre aparece en algunos informes sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid? ¿Por qué González ha realizado ese viaje a la peor de las dictaduras islamistas, al país donde se mata de un tiro en la nuca a los homosexuales y se escriben fatwas de condena de muerte contra los disidentes, para estrechar lazos con ese régimen violador de los derechos humanos, en nombre del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?
Ustedes podrán creer, y lo acepto, que todo es casual. Yo no. El Gobierno de Rodríguez participa, desde que llegara al poder tras los atentados del 11-M, de una alianza internacional de regímenes antisistema contra la democracia y la libertad. Por eso a Rodríguez no le importa lo más mínimo pactar con ETA. Por eso le desea una pronta recuperación a Castro. Por eso le vende armas a Chávez, él mismo Chávez que une sus fuerzas a las del régimen iraní contra la mayor democracia del mundo: Estados Unidos. Y por eso permite que nuestro país se convierta en un paraíso para la inmigración subsahariana. Los radicales del mundo se unen contra los demócratas, y Rodríguez, dentro del margen de actuación que le permite la pertenencia de España al mundo occidental y sus instituciones, participa entusiasta de esos objetivos. Por suerte, ya tiene quien le escriba para recordarle –y recordarnos- como y por qué está donde está.
Federico Quevedo (El Confidencial)
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