La Delegación del Gobierno de Madrid ha abierto un procedimiento administrativo a un militante del Partido Popular por manifestarse el pasado día 19 de septiembre en contra de los imputados del hospital Severo Ochoa sin tener autorización para ello. Según consta en el escrito remitido por la Delegación del Gobierno, José Antonio González de la Rosa habrá de hacer frente a una sanción de 600 euros, en caso de no recurrirla, por «pitar con un silbato de forma provocativa y reiterada».
El escrito de la Delegación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, establece que el pasado día 19 de septiembre, cuando estaba prevista la declaración del doctor Montes, uno de los imputados por las supuestas sedaciones irregulares en el Severo Ochoa, se produjo una concentración de unas 300 personas en la plaza de la Comunidad de Madrid de Leganés, convocada por los sindicatos CC OO y UGT.
Frente a esta concentración, continúa el escrito, se reunió un grupo de unas 150 personas «contrarias a los anteriores, portando pancartas y carteles, en las escaleras del edificio de los Juzgados, teniendo que intervenir la Policía para separar a ambos grupos y evitar incidentes».
El escrito de la Delegación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, establece que el pasado día 19 de septiembre, cuando estaba prevista la declaración del doctor Montes, uno de los imputados por las supuestas sedaciones irregulares en el Severo Ochoa, se produjo una concentración de unas 300 personas en la plaza de la Comunidad de Madrid de Leganés, convocada por los sindicatos CC OO y UGT.
Frente a esta concentración, continúa el escrito, se reunió un grupo de unas 150 personas «contrarias a los anteriores, portando pancartas y carteles, en las escaleras del edificio de los Juzgados, teniendo que intervenir la Policía para separar a ambos grupos y evitar incidentes».
Infracción grave
En el oficio que la Delegación remite a González de la Rosa se indica que la concentración del pasado mes de septiembre «en la que usted participó (la de 150 personas) no había sido comunicada a esta Delegación del Gobierno, tal y como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1993, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión».
Además de participar en la concentración, el documento que la Delegación del Gobierno envía a González de la Rosa señala que fue identificado por «pitar con un silbato de forma provocativa y reiterada a los del otro grupo».
La Delegación califica esta actuación como una infracción administrativa grave del artículo 23 apartado c de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
El escrito añade que la legislación señala que «aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación (para manifestarse) también se considerarán organizadores o promotores, a los efectos de la ley, a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones... pueda determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas».
De esta manera, la Delegación del Gobierno acuerda iniciar un procedimiento administrativo contra el militante popular. Además, tal y como establece la legislación, le da un plazo de quince días para formular alegaciones contra la sanción que le imponen, que se eleva hasta los 600 euros.
Esta multa no es la primera que la Delegación del Gobierno impone a un militante del Partido Popular por idéntico motivo. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Leganés, Guadalupe Grabado, y otro concejal del mismo partido han recibido sendos expedientes que proponen también sanciones de 600 euros a cada uno de los ediles por manifestarse el pasado día 19 de septiembre sin tener autorización para ello.
Bragado ha declarado que «en ningún momento la Policía que estuvo en el lugar me pidió que me identificara», y recordó que se produjeron incidentes entre los dos grupos, que requirieron la intervención de la Policía Nacional. Este extremo sí es reconocido en el propio escrito de la Delegación del Gobierno, que señala que fue necesaria la intervención de la Policía «para separar a ambos grupos».
En el oficio que la Delegación remite a González de la Rosa se indica que la concentración del pasado mes de septiembre «en la que usted participó (la de 150 personas) no había sido comunicada a esta Delegación del Gobierno, tal y como establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1993, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión».
Además de participar en la concentración, el documento que la Delegación del Gobierno envía a González de la Rosa señala que fue identificado por «pitar con un silbato de forma provocativa y reiterada a los del otro grupo».
La Delegación califica esta actuación como una infracción administrativa grave del artículo 23 apartado c de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
El escrito añade que la legislación señala que «aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación (para manifestarse) también se considerarán organizadores o promotores, a los efectos de la ley, a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones... pueda determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas».
De esta manera, la Delegación del Gobierno acuerda iniciar un procedimiento administrativo contra el militante popular. Además, tal y como establece la legislación, le da un plazo de quince días para formular alegaciones contra la sanción que le imponen, que se eleva hasta los 600 euros.
Esta multa no es la primera que la Delegación del Gobierno impone a un militante del Partido Popular por idéntico motivo. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Leganés, Guadalupe Grabado, y otro concejal del mismo partido han recibido sendos expedientes que proponen también sanciones de 600 euros a cada uno de los ediles por manifestarse el pasado día 19 de septiembre sin tener autorización para ello.
Bragado ha declarado que «en ningún momento la Policía que estuvo en el lugar me pidió que me identificara», y recordó que se produjeron incidentes entre los dos grupos, que requirieron la intervención de la Policía Nacional. Este extremo sí es reconocido en el propio escrito de la Delegación del Gobierno, que señala que fue necesaria la intervención de la Policía «para separar a ambos grupos».
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