El Supremo estima que no hay obstáculo a los contactos entre los partidos y Batasuna
El Tribunal Supremo ha estimado hoy que no hay obstáculo a los contactos entre los partidos políticos y la ilegalizada Batasuna, en referencia a la entrevista del pasado 6 de julio entre dirigentes del PSE-EE y Arnaldo Otegi, mientras no haya una "orden expresa" que prohíba estos.
La sala de lo penal del Alto Tribunal se pronuncia así en un auto notificado este jueves en el que acuerda no admitir a trámite la querella que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y contra varios dirigentes del PSOE y del PSE-EE, por la reunión que Patxi López y Rodolfo Ares mantuvieron con Otegi.
El Supremo dice que "vendría a ser un fraude constitucional" que alguien pretendiese "corregir la dirección de la política interior o exterior" que la Constitución encomienda al Gobierno democráticamente legitimado, y que sería "impropio" pensar que los tribunales controlan la acción del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado sometiendo a enjuiciamiento penal a sus titulares.
En principio, esto parece contradecir la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de admitir la querella del Foro de Ermua contra el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, por su reunión con Arnaldo Otegi. En este caso, el tribunal decidió investigar un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial por estar "enterado", el 'lehendakari' de la ilegalización de Batasuna tras la sentencia firme de 2003 dictada por el Tribunal Supremo.
Esto, pese a la petición de la Fiscalía del TSJPV, que había pedido que se desestimara la querella del Foro de Ermua y se estimara el recurso del lehendakari, es decir, que se archivara la causa.
La decisión ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte de la Presidencia del País Vasco.
La Fiscalía vasca también se manifestó la semana pasada contra la querella presentada por el PP y el Foro de Ermua contra los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares por haberse reunido con representantes de Batasuna. En este caso, está pendiente la decisión al respecto del TSJPV.
La Fiscalía indica que "los hechos denunciados no presentan los elementos objetivos y subjetivos" para ser considerados como un delito de desobediencia a la sentencia del Tribunal Supremo que el 27 de marzo de 2003 ilegalizó a Batasuna. Los días previos a aquella reunión, ésta recibió la autorización del juez Baltasar Garzón.
EL MUNDO
El Tribunal Supremo ha estimado hoy que no hay obstáculo a los contactos entre los partidos políticos y la ilegalizada Batasuna, en referencia a la entrevista del pasado 6 de julio entre dirigentes del PSE-EE y Arnaldo Otegi, mientras no haya una "orden expresa" que prohíba estos.
La sala de lo penal del Alto Tribunal se pronuncia así en un auto notificado este jueves en el que acuerda no admitir a trámite la querella que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y contra varios dirigentes del PSOE y del PSE-EE, por la reunión que Patxi López y Rodolfo Ares mantuvieron con Otegi.
El Supremo dice que "vendría a ser un fraude constitucional" que alguien pretendiese "corregir la dirección de la política interior o exterior" que la Constitución encomienda al Gobierno democráticamente legitimado, y que sería "impropio" pensar que los tribunales controlan la acción del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado sometiendo a enjuiciamiento penal a sus titulares.
En principio, esto parece contradecir la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de admitir la querella del Foro de Ermua contra el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, por su reunión con Arnaldo Otegi. En este caso, el tribunal decidió investigar un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial por estar "enterado", el 'lehendakari' de la ilegalización de Batasuna tras la sentencia firme de 2003 dictada por el Tribunal Supremo.
Esto, pese a la petición de la Fiscalía del TSJPV, que había pedido que se desestimara la querella del Foro de Ermua y se estimara el recurso del lehendakari, es decir, que se archivara la causa.
La decisión ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte de la Presidencia del País Vasco.
La Fiscalía vasca también se manifestó la semana pasada contra la querella presentada por el PP y el Foro de Ermua contra los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares por haberse reunido con representantes de Batasuna. En este caso, está pendiente la decisión al respecto del TSJPV.
La Fiscalía indica que "los hechos denunciados no presentan los elementos objetivos y subjetivos" para ser considerados como un delito de desobediencia a la sentencia del Tribunal Supremo que el 27 de marzo de 2003 ilegalizó a Batasuna. Los días previos a aquella reunión, ésta recibió la autorización del juez Baltasar Garzón.
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La Audiencia absuelve a Vicario Setién, el etarra acusado de secuestrar a Aldaya
La Sala de lo Penal de la Audiencia dio a conocer tres sentencias absolutorias contra tres acusados por diferentes acciones cometidas por ETA, uno de ellos juzgado por secuestrar a José María Aldaya.
El fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, pedía que Vicario Setién fuera condenado a 17 años de prisión y que se le prohibiera regresar durante diez años, a contar desde su excarcelación definitiva, al lugar del delito o en el que residan la víctima y su familia.
Durante el juicio, Vicario Setién se mostró orgulloso de pertenecer a la banda terrorista, mientras que el industrial vasco expresó por videoconferencia su "suerte de estar vivo" tras permanecer durante 341 días en un zulo.
Las otras dos sentencias absolutorias se refieren a Miguel Guillermo San Argimiro y a José Luis Beotegi, que son absueltos de un delito de pertenencia a organización terrorista.
Para ellos el fiscal solicitó penas de nueve años y 10 años de prisión por enviar cartas de extorsión y ocultar a miembros de la banda y por pertenecer al 'comando Ipar Haizea', respectivamente.
Beotegui fue el preso de ETA que denunció supuestos pagos a la banda por parte de varios cocineros vascos de prestigio, una causa que fue finalmente archivada, mientras que San Argimiro fue juzgado por pertenecer al 'comando Ipar Haizea'.
EL MUNDO
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