El PSOE gallego admite que entregó ayudas económicas a emigrantes en Uruguay
La Coruña- A menos de dos semanas para que comience la campaña de las municipales gallegas, la batalla continúa centrándose en el voto de la emigración. Y da la impresión de que cada sufragio tiene un precio. No hay día que no se alumbre un escándalo. Si hace poco se supo que el candidato socialista del municipio pontevedrés de Vilar de Cruces, Javier Castelo, había enviado un e-mail a la agrupación del partido en Buenos Aires ofreciendo «una cantidad fija e incentivos por número de votos recibidos» para contratar agentes electorales, Manuel Rodríguez, secretario general de Emigración, reconoció ayer que el secretario general del PSOE en Uruguay, José Antonio Fernández, entregó el miércoles pasado 344 cheques asistenciales de la Xunta, por un importe de 300 euros cada uno, a miembros de colectividad gallega. Fernández fue el encargado de repartir el dinero al ejercer también de apoderado de la Fundación Galicia Emigración, organismo que depende de la secretaría general de Emigración, que es, a su vez, competencia de la consellería de Presidencia, en manos del PSdeG. Manuel Rodríguez se excusó en que Fernández había presidido la ceremonia a «título privado». Subrayó que «tenía carácter urgente para cubrir necesidades perentorias» y defendió su legalidad «porque no estamos en período electoral». Explicaciones que no han tenido el efecto deseado. Ayer, la directora gerente de la Fundación Galicia Emigración, Pilar Pin Vega, presentó su dimisión ante el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, al admitir que fue un «error» de gestión de su departamento. El presidente de la Xunta aceptó la dimisión y dio «instrucciones concretas» a la Secretaría General de Emigración para que arbitre un nuevo mecanismo de reparto de ayudas que, mediante la transferencia bancaria, evite la entrega en mano de cheques. Así se eliminará el vínculo «directo» entre administración y emigrantes, lo que permitirá disipar «dudas sobre transparencia, y garantías», indica el Gobierno gallego. Pérez Touriño ve un «error grave», del que se derivan responsabilidades políticas, el «momento y forma del procedimiento» para hacer efectivas las ayudas «legales» a emigrantes. Hay que recordar que el BNG ha denunciado en reiteradas ocasiones la utilización que a su juicio está haciendo la Consellería de Presidencia, dirigida por el socialista Méndez Romeu, de la Fundación Galicia Emigración por «colocar» como delegados del organismo público en Argentina y Uruguay a militantes y dirigentes del PSOE. Así, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, calificó de «escándalo» el uso del voto emigrante que se hace. Quintana aseguró que «si lo que sucede con el voto emigrante en Galicia pasa en cualquier otra parte del Estado o de Europa, habría voces institucionales demandando que se paralizase el proceso electoral y poniendo en cuestión su limpieza». El también portavoz nacional del BNG propuso «con carácter inmediato» una modificación de la ley electoral, ante las situaciones que cada día refleja la prensa de supuesta utilización fraudulenta del voto exterior. (La Razón)
La Coruña- A menos de dos semanas para que comience la campaña de las municipales gallegas, la batalla continúa centrándose en el voto de la emigración. Y da la impresión de que cada sufragio tiene un precio. No hay día que no se alumbre un escándalo. Si hace poco se supo que el candidato socialista del municipio pontevedrés de Vilar de Cruces, Javier Castelo, había enviado un e-mail a la agrupación del partido en Buenos Aires ofreciendo «una cantidad fija e incentivos por número de votos recibidos» para contratar agentes electorales, Manuel Rodríguez, secretario general de Emigración, reconoció ayer que el secretario general del PSOE en Uruguay, José Antonio Fernández, entregó el miércoles pasado 344 cheques asistenciales de la Xunta, por un importe de 300 euros cada uno, a miembros de colectividad gallega. Fernández fue el encargado de repartir el dinero al ejercer también de apoderado de la Fundación Galicia Emigración, organismo que depende de la secretaría general de Emigración, que es, a su vez, competencia de la consellería de Presidencia, en manos del PSdeG. Manuel Rodríguez se excusó en que Fernández había presidido la ceremonia a «título privado». Subrayó que «tenía carácter urgente para cubrir necesidades perentorias» y defendió su legalidad «porque no estamos en período electoral». Explicaciones que no han tenido el efecto deseado. Ayer, la directora gerente de la Fundación Galicia Emigración, Pilar Pin Vega, presentó su dimisión ante el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, al admitir que fue un «error» de gestión de su departamento. El presidente de la Xunta aceptó la dimisión y dio «instrucciones concretas» a la Secretaría General de Emigración para que arbitre un nuevo mecanismo de reparto de ayudas que, mediante la transferencia bancaria, evite la entrega en mano de cheques. Así se eliminará el vínculo «directo» entre administración y emigrantes, lo que permitirá disipar «dudas sobre transparencia, y garantías», indica el Gobierno gallego. Pérez Touriño ve un «error grave», del que se derivan responsabilidades políticas, el «momento y forma del procedimiento» para hacer efectivas las ayudas «legales» a emigrantes. Hay que recordar que el BNG ha denunciado en reiteradas ocasiones la utilización que a su juicio está haciendo la Consellería de Presidencia, dirigida por el socialista Méndez Romeu, de la Fundación Galicia Emigración por «colocar» como delegados del organismo público en Argentina y Uruguay a militantes y dirigentes del PSOE. Así, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, calificó de «escándalo» el uso del voto emigrante que se hace. Quintana aseguró que «si lo que sucede con el voto emigrante en Galicia pasa en cualquier otra parte del Estado o de Europa, habría voces institucionales demandando que se paralizase el proceso electoral y poniendo en cuestión su limpieza». El también portavoz nacional del BNG propuso «con carácter inmediato» una modificación de la ley electoral, ante las situaciones que cada día refleja la prensa de supuesta utilización fraudulenta del voto exterior. (La Razón)
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