Rebeldes con causa
Madrid- El pasado mes de marzo una familia de Toledo solicitó por escrito que sus hijos no estudiaran una asignatura recogida en la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE). Fue sólo la primera. Las peticiones de padres, estudiantes y profesores que no aceptan dicha materia suman ahora más de 4.000. Son los llamados objetores de conciencia contra Educación para la Ciudadanía, voces anónimas de las que el Ministerio de Educación dice «no tener constancia».
Pero existen. Aunque sus caras sólo aparecen en la presa cuando son padres de 12 hijos, día a día, personas de toda España engrosan una lista que se ha convertido para algunos en molesta. La postura que defienden desde hace más de un año es la siguiente: consideran que la nueva asignatura intenta hacer un adoctrinamiento ideológico de los alumnos, de acuerdo con el Gobierno de turno.
«Claro que queremos que nuestros hijos aprendan los Derechos Humanos o la Constitución española, pero nos oponemos a otros contenidos que atentan directamente con nuestras convicciones», explica Juan, padre de un niño. «No se puede dejar a la libre elección cuestiones como lo bueno, lo malo o la orientación sexual de un adolescente», argumenta otra madre.
«Conciencia moral»
Cansados de que el Ministerio de Educación niegue que exista tal posibilidad, este fin de semana se han reunido con LA RAZÓN para mostrar los párrafos concretos que avalan su postura. «¿Quieren ejemplos? -pregunta uno de ellos- pues aquí los tienen». Comienza a leer el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO: «...Es imprescindible hacer de los centros y de las aulas espacios que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse un conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos».
«Y como estos, otros, pero lo peor es que algunas comunidades autónomas lo han radicalizado», especifica otra madre. Con las mismas, pone sobre la mesa el borrador de Andalucía, con algunas expresiones subrayadas. Las enumera ante la atenta mirada de sus compañeros: «Proceso de socialización de género» (asignatura de 3º, Bloque 1); «Distintas realidades familiares» (asignatura de 3º, Bloque 2).
«¿Suficiente? -pregunta- No hay una, hay varias razones para oponerse a esta asignatura tal y como está diseñada ahora mismo, la pena es que no todo el mundo se ha informado».
La única salida
Ante tal panorama, este grupo de padres y profesores afirma que objetar es su «única salida», ya que la asignatura es obligatoria, computable y evaluable.
Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene su propia visión del asunto. El secretario general, Alejandro Tiana, acusó esta semana a las organizaciones defensoras de la objeción de promover «una campaña de desobediencia civil, a las leyes» con argumentos «que no son ciertos» y «en base a muchas falsedades». La ministra, Mercedes Cabrera, fue a más y amenazó a los alumnos que no cursen la materia con dejarles sin la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.
Dudas legales
La pregunta es: ¿Es legal y es lícito objetar? Tiana considera que hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no es un derecho subjetivo, porque supondría evadir el cumplimiento de las leyes por la vía indirecta. Resulta curioso, por otra parte, que esté el propio currículo de Educación para la Ciudadanía lo incluya entre los contenidos.
Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética (asociación promotora de la oposición a la asignatura), la objeción es «el mejor mecanismo legal para la defensa de los ciudadanos» contra la materia. «Es verdad, como le gusta repetir a Tiana, que también existe la posibilidad de presentar un recurso judicial en vía contencioso-administrativa, pero cualquiera sabe que se trata de un proceso muy lento y con muchas limitaciones en relación con el problema de fondo que los padres plantean», especifica.
En los últimos meses, Urcelay ha recorrido España para explicar los contenidos de la materia. Asegura que, hasta ahora los miles de padres que han objetado sólo han encontrado una respuesta del Ministerio, la amenaza y el miedo. «¿Dónde quedan para estos políticos el diálogo como forma de solución de los conflictos, la tolerancia, el pluralismo, la diversidad y todos esos valores con los que adornan la asignatura?», se pregunta. (La Razón)
Madrid- El pasado mes de marzo una familia de Toledo solicitó por escrito que sus hijos no estudiaran una asignatura recogida en la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE). Fue sólo la primera. Las peticiones de padres, estudiantes y profesores que no aceptan dicha materia suman ahora más de 4.000. Son los llamados objetores de conciencia contra Educación para la Ciudadanía, voces anónimas de las que el Ministerio de Educación dice «no tener constancia».
Pero existen. Aunque sus caras sólo aparecen en la presa cuando son padres de 12 hijos, día a día, personas de toda España engrosan una lista que se ha convertido para algunos en molesta. La postura que defienden desde hace más de un año es la siguiente: consideran que la nueva asignatura intenta hacer un adoctrinamiento ideológico de los alumnos, de acuerdo con el Gobierno de turno.
«Claro que queremos que nuestros hijos aprendan los Derechos Humanos o la Constitución española, pero nos oponemos a otros contenidos que atentan directamente con nuestras convicciones», explica Juan, padre de un niño. «No se puede dejar a la libre elección cuestiones como lo bueno, lo malo o la orientación sexual de un adolescente», argumenta otra madre.
«Conciencia moral»
Cansados de que el Ministerio de Educación niegue que exista tal posibilidad, este fin de semana se han reunido con LA RAZÓN para mostrar los párrafos concretos que avalan su postura. «¿Quieren ejemplos? -pregunta uno de ellos- pues aquí los tienen». Comienza a leer el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO: «...Es imprescindible hacer de los centros y de las aulas espacios que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse un conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos».
«Y como estos, otros, pero lo peor es que algunas comunidades autónomas lo han radicalizado», especifica otra madre. Con las mismas, pone sobre la mesa el borrador de Andalucía, con algunas expresiones subrayadas. Las enumera ante la atenta mirada de sus compañeros: «Proceso de socialización de género» (asignatura de 3º, Bloque 1); «Distintas realidades familiares» (asignatura de 3º, Bloque 2).
«¿Suficiente? -pregunta- No hay una, hay varias razones para oponerse a esta asignatura tal y como está diseñada ahora mismo, la pena es que no todo el mundo se ha informado».
La única salida
Ante tal panorama, este grupo de padres y profesores afirma que objetar es su «única salida», ya que la asignatura es obligatoria, computable y evaluable.
Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene su propia visión del asunto. El secretario general, Alejandro Tiana, acusó esta semana a las organizaciones defensoras de la objeción de promover «una campaña de desobediencia civil, a las leyes» con argumentos «que no son ciertos» y «en base a muchas falsedades». La ministra, Mercedes Cabrera, fue a más y amenazó a los alumnos que no cursen la materia con dejarles sin la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.
Dudas legales
La pregunta es: ¿Es legal y es lícito objetar? Tiana considera que hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no es un derecho subjetivo, porque supondría evadir el cumplimiento de las leyes por la vía indirecta. Resulta curioso, por otra parte, que esté el propio currículo de Educación para la Ciudadanía lo incluya entre los contenidos.
Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética (asociación promotora de la oposición a la asignatura), la objeción es «el mejor mecanismo legal para la defensa de los ciudadanos» contra la materia. «Es verdad, como le gusta repetir a Tiana, que también existe la posibilidad de presentar un recurso judicial en vía contencioso-administrativa, pero cualquiera sabe que se trata de un proceso muy lento y con muchas limitaciones en relación con el problema de fondo que los padres plantean», especifica.
En los últimos meses, Urcelay ha recorrido España para explicar los contenidos de la materia. Asegura que, hasta ahora los miles de padres que han objetado sólo han encontrado una respuesta del Ministerio, la amenaza y el miedo. «¿Dónde quedan para estos políticos el diálogo como forma de solución de los conflictos, la tolerancia, el pluralismo, la diversidad y todos esos valores con los que adornan la asignatura?», se pregunta. (La Razón)
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