MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA LENGUA COMÚN

"Los territorios no tienen lengua. Las lenguas son de los ciudadanos, y hace siglos que el castellano convive con las lenguas de las diferentes comunidades españolas. Esta es la realidad que molesta, que quiere liquidar el nacionalismo mediante la imposición y la coacción; vulnerando los derechos de los catalanes y del resto de españoles. En Cataluña, han convertido el catalán en el fundamento para la construcción de su nación imaginada.

La Generalidad y el resto de poderes públicos de Cataluña han establecido el catalán como lengua propia de las instituciones, despojando a los ciudadanos de sus derechos lingüísticos, e imponiéndoles devoción, lealtad y deberes para con la lengua. Sin embargo, sólo el individuo es sujeto de derechos, no las lenguas o los territorios, y las lenguas importan porque las hablan los ciudadanos. No es el ciudadano el que tiene que estar al servicio de las lenguas, sino a la inversa, posibilitando su comunicación, ampliando su espacio de libertad y facilitando su acceso a los bienes económicos, políticos y culturales de la sociedad.

La imposición lingüística que padecemos en diferentes comunidades autónomas convierte a España en el único país el mundo donde los ciudadanos no tienen derecho a estudiar en la lengua oficial del Estado. La cooficialidad de lenguas, establecida en la Constitución para las comunidades bilingües de nuestro país, debería ser una garantía de derechos y libertades lingüísticas para todos los ciudadanos, y no una lucha por parte de determinados gobiernos autonómicos para convertir las lenguas cooficiales en la única lengua oficial de la administración, de las escuelas o de los medios de comunicación de la autonomía que gobiernan.

En Cataluña se impone el catalán como única lengua vehicular sobre el castellano, en la educación y en todos los ámbitos públicos, con la pretensión de que ésta sea la única lengua social, limitando así de forma artificial el estatus del castellano, dándole el carácter de idioma extranjero y recluyéndolo a un uso privado y familiar. La Generalidad no repara en medios: desde negar el carácter catalán de la cultura hecha por catalanes en lengua castellana a exigir un innecesario dominio lingüístico de las lenguas cooficiales para acceder a determinados puestos de trabajo en la administración pública. Esto supone, sin duda, una barrera laboral que atenta contra la libertad de circulación por toda España de los trabajadores. En su afán de excluir al castellano, no han dudado en fomentar la delación mediante las oficinas de garantías lingüísticas.

A pesar de que en Cataluña el castellano y el catalán son lenguas cooficiales, el gobierno de la Generalidad, mediante el sistema de inmersión lingüística, ha impuesto el catalán como lengua exclusiva de la escuela en todos sus niveles, marginando y vetando el uso del castellano en las aulas y fuera de ellas, limitando a dos míseras horas semanales el aprendizaje de la lengua de más de la mitad de sus ciudadanos, e instruyendo a los centros públicos para que sus profesores excluyan el uso del castellano de los recreos, de las reuniones de padres, de las conversaciones entre profesores, y de los comunicados internos y externos.

El modelo obligatorio de inmersión actualmente implantado en Cataluña se sostiene en la imposición, tratando de evitar que los alumnos y sus padres puedan elegir la lengua o lenguas oficiales en las que desean cursar sus estudios. Por tanto, no sólo supone una discriminación para aquellos alumnos que desean recibir la enseñanza en la lengua oficial en toda España, sino también la discriminación de todos aquellos que quieren una enseñanza bilingüe, es decir, una enseñanza no sólo de dos lenguas sino una enseñanza en dos lenguas, donde ambas sean vehiculares y se usen en la transmisión de conocimientos. En definitiva, de todos aquellos que quieren que el catalán, pero también el castellano, sean lenguas de instrucción.

Sin duda, el proceso de imposición y sustitución lingüística promovido por el nacionalismo se acentuará y endurecerá con la aprobación de la futura Ley de Educación de Cataluña, que otorgará al Departamento de Educación de la Generalidad las competencias exclusivas para establecer los horarios de asignaturas como el castellano, blindando en un texto legal, por primera vez en toda España, la inmersión lingüística obligatoria como metodología oficial para nuestra educación. Una vez más, se burlará la Constitución, se ignorará el decreto de enseñanzas mínimas en educación primaria y se obviarán las múltiples sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligan a la Generalidad a ofrecer a los padres la posibilidad de elegir la lengua en que quieren educar a sus hijos. La Generalidad, con la complicidad del Gobierno central, vulnera sistemáticamente la ley, porque en Cataluña la democracia, la Constitución y la propia ley, se subordinan a la construcción de un imaginario colectivo nacional, eterno y supremo.

Frente a la obsesión identitaria y al totalitarismo lingüístico hacemos un llamamiento a la sociedad civil para que con el apoyo de los partidos constitucionalistas, revierta esta situación ilegítima, promoviendo desde las diferentes asociaciones, sindicatos, partidos y desde la propia ciudadanía una ley reguladora de la oficialidad del castellano. Hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que demuestren al nacionalismo que enfrente tienen un movimiento cívico capaz de movilizarse, y de luchar en cada ciudad, en cada barrio y en cada colegio por sus derechos lingüísticos y por una enseñanza bilingüe, con el fin de conseguir una sociedad más abierta, con mayor igualdad de oportunidades, más justa, más próspera y más libre".

(Este manifiesto ha sido leido ayer domingo en la manifestación de Barcelona)